Como consecuencia de la pandemia del virus COVID-19, en los últimos dos meses han cerrado 133.000 empresas dentro de las cuales las más afectadas están en la rama de hostelería, comercio y diferentes servicios profesionales, personales y auxiliares.

Para salvar más de un millón de empleos será necesaria la preservación de cualquier tipo de ayuda que impulse la recuperación económica. Aunque las proyecciones actuales apuntan a una destrucción mayor del tejido productivo.

Similitudes con la recesión anterior

Según las cifras analizadas por el Instituto Nacional de Estadísticas, entre los años 2008 y 2013 hubo una recesión significativa en el que quedaron 355.000 compañías en términos de saldo neto. Esta etapa guarda similitudes con la actual crisis y todo apunta a que los resultados sean los iguales.

Lo mismo opina Gregorio Izquierdo, el director general del Instituto de Estudios Económicos quién calculó que con la caída del Producto Interno Bruto en un 11% y del 15% de facturación empresarial, es posible que el país pierda hasta 350.000 empresas y un millón de plazas laborales.

La gravedad de la situación irá a la par de los incentivos pro-empresariales, de la toma de decisiones que no sean contraproducentes en materia laboral y fiscal.

Un tercio de los negocios que desaparecerán están en los sectores de hostelería, comercio y servicios.

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Diferencias con la recesión anterior

En este caso, las medidas gubernamentales adoptadas han logrado anticipar algunos aspectos. Y existe la posibilidad de amortiguar la desaparición de las empresas, Izquierdo valora que las iniciativas que articulen mecanismos de compensación evitara el desplome de la actividad.

Por otro lado, Juan Carlos Campo ministro de justicia alerta sobre la consecuencia de la crisis económica derivada de la pandemia. Indica que se avecina una avalancha de casos que llegarán a los juzgados. Donde los concursos de acreedores llegarán el año que viene a 50.000, lo que multiplicaría por 7.000 los producidos del 2019.

En ese mismo margen de ideas Carlos Perelló, profesor del Programa de Especialización en Derecho de los Mercados Financieros del Instituto de Estudios Bursátiles (IEB) y administrador concursal, opina que la reacción a esta crisis fue tomada más deprisa y la Ley Concursal ya cuenta con medidas excepcionales.

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Medidas excepcionales

Hasta ahora las sociedades insolventes solo tenían dos meses para declarar un concurso de acreedores obligatorio. Ese plazo cambió hasta el primero de enero.

Respecto a ello, este año no se tomará en cuenta las pérdidas para declarar el concurso. Tampoco las empresas en quiebra estarán obligadas a mantener los empleos.

Si una empresa recibió un crédito subordinado, es decir un préstamo de alguien vinculada a ella, será el primero en recuperar la inversión en caso de la disolución.

Perelló también explica que los bancos están en mejor posición de otorgar créditos. Considera que no es momento de desestimar ninguna medida de las que fueron descartadas en la anterior crisis, para evitar el desplome de muchas compañías.

Con todo, la paralización de los últimos dos meses se ha llevado por delante todo lo alcanzado en los últimos 5 años. Por lo que el IEE propone algunas medidas:

  • La llamada compensación negativa, es decir, que las pérdidas se equilibren con las ganancias anteriores y no las futuras como hasta ahora.
  • El equilibrio de la facturación podría darse si Hacienda devuelve parte de los que el empresario ha pagado como impuesto.
  • Considerar como lo ha hecho Alemania, Reino Unido, Francia, Irlanda que la caída de ingresos no se debe a la mala gestión, sino a un efecto directo del COVID-19.

Por su parte Carlos Perelló anima a las empresas a renegociar los pagos de los acreedores para minimizar las pérdidas para ambos.

Para nadie es un secreto que el tamaño de la compañía influye en su capacidad de resistir ante la crisis. Pero el modelo español no cuenta con mucho músculo que aguante los golpes. Según las estadísticas del INE para el primero de enero del año pasado: de los 3.36 millones de sociedades, el 65% albergaba solo 11 empleados. De allí que los sectores mencionados sean los que más sufren las consecuencias de la crisis.

Por lo tanto, es fundamental crear un clima de confianza en los emprendedores, para disminuir el número de empresas en cierre.

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